Puerto Rico no sale a flote a diez años de imposición de junta fiscal

Pasados diez años desde la imposición de la Junta de Supervisión Fiscal (JSF) por Estados Unidos, Puerto Rico enfrenta una situación que organizaciones como la Jornada Se Acabaron las Promesas describen como peor que antes. Al anunciar diversas protestas en San Juan, el grupo afirmó que la Ley Promesa, aprobada el 30 de junio de 2016, y la JSF, formada el 31 de agosto de 2016, han profundizado la crisis y limitado la autonomía local. Los activistas señalan que políticas de austeridad han recortado servicios clave y agravado problemas estructurales: desplazamientos en comunidades, inseguridad alimentaria, deficiencias en salud, privatización de bienes públicos y crisis ambiental. También denuncian que las leyes 20 y 22 han convertido a Puerto Rico en un paraíso fiscal para intereses extranjeros, con impactos en educación y empleo: recortes en la UPR, reformas laborales que reducen vacaciones y bonos, y debilitamiento de sistemas de retiro. Sobre LUMA Energy y GeneraPR, se critica la gestión de contratos y el costo de la energía. En suma, la JSF se percibe como un instrumento que priorizó el pago de acreedores por encima del bienestar ciudadano, según los organizadores.