El Supremo confirma una multa de 13,5 millones a Indra por ofrecer servicios públicos de tecnología en cártel

El Tribunal Supremo confirmó una multa de 13.500.000 euros impuesta a Indra por la creación de un cártel en licitaciones públicas de servicios de tecnologías de la información. La sanción, acordada por la CNMC, deriva de una resolución de 26 de julio de 2018 que consideró acreditada una infracción única y continuada “muy grave” de la normativa española y del artículo 101 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. La conducta se habría desarrollado en licitaciones convocadas por organismos como la Agencia Estatal de Administración Tributaria, la Gerencia de Informática de la Seguridad Social, el Servicio Público de Empleo Estatal y el Instituto Nacional de la Seguridad Social, entre 2005 y 2015. Además de Indra, la CNMC declaró responsables a otras empresas y describió un “modo de operar” basado en conocimiento anticipado, acuerdos privados con reparto y mecanismos de regularización. Indra recurrió y la Audiencia Nacional rechazó sus argumentos, manteniendo la calificación como cártel. El Supremo desestima el recurso al sostener que la excepción del artículo 1.3 depende solo de los requisitos económicos y ajenos a la intervención de un poder público.