Merced del cibercrimen: el gobierno sigue sin responder ante las filtraciones
Una filtración de 359 GB de documentos expone, según la información publicada, presuntas fallas de ciberseguridad en México y reaviva preguntas sobre la capacidad del gobierno para proteger datos sensibles y supervisar a proveedores. El caso más reciente involucra a Automatización y Modernización Industrial S.A. de C.V. (AYM), con contratos públicos por más de 300 millones de pesos, cuyos archivos internos fueron difundidos en la dark web más de un año después de la fecha atribuida al ataque. El grupo ransomware J Group habría publicado un paquete con 471 mil 009 documentos, generados entre 2000 y 2025, incluyendo balances, contratos, expedientes laborales y respaldos, con una supuesta intrusión ocurrida el 5 de agosto de 2025 y publicación en octubre de 2026. El reporte cuestiona el silencio oficial sobre alcance, posibles afectaciones a entidades contratantes y medidas de contención, ya que AYM tiene vínculos con Pemex, SAT y CFE.






